
La Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022, de 19 de octubre) denominada “ley de nietos” abre las puertas de la nacionalidad española a quienes fueren descendientes de españoles, hijos o nietos, pudiendo solicitarla directamente desde el consulado en su país, sin la previa exigencia de residencia en España, presentando la documentación ante el encargado del registro correspondiente.
O sea, quienes están en otros países y sepan o conozcan que su padre o abuelo tenía nacionalidad española, podrán -sin tener que desplazarse a España- tramitar su solicitud de nacionalidad.
Hijos o nietos de expatriados por la guerra civil o persecuciones de la dictadura u hostigamiento ideológico.
Los nacidos fuera de España cuyo padre, madre o abuelo/a fueren españoles, y que abandonaron España por motivos nobles (políticos, ideológicos o creencias). Se tramitará por el art.20 del Código Civil, o sea, sin límite de edad para su ejercicio.
Hijos de madre española forzada a perder la nacionalidad por ser mujer.
Los nacidos fuera de España cuya madre perdió la nacionalidad española por casarse con extranjero antes de la Constitución de 1978.
Hijos de quienes ya se beneficiaron de la anterior Ley de Memoria Histórica de España de 2007 (aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español).
Los nacidos fuera de España cuyo padre o madre obtuvo el reconocimiento de la nacionalidad de origen al amparo del derecho de opción previsto en la Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007).
Eso sí, la ocasión es única y caduca pues la Disposición Adicional Octava advierte:
En todos los supuestos, esta declaración deberá formalizarse en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley. Al terminar este plazo, el Consejo de Ministros podrá acordar su prórroga por un año.

Ciertamente hace falta el desarrollo reglamentario de estos supuestos, así como las instrucciones que fijen cauces de presentación, medios de prueba de tales circunstancias, plazos y otros requisitos. Muy posiblemente se dicte una Instrucción similar a la de 4 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Registros y del Notariado (BOE 26/11/2008).
De ahí, que posiblemente la prueba de los requisitos consista en:

- Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o entidades públicas y privadas, relacionadas con el exilio o protección de derechos afectados por la guerra civil o dictadura, y de los que se derive que el antecesor tuvo que exilarse. Esta exigencia probatoria muy posiblemente se suavizará precisando que se presumirá justificando que el antecesor salió de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, lo que llevará a la pesquisa de documentación oficial o de entidades relevantes que incluya la mención nominal del antecesor (transporte, acogida, beneficiarios de ayuda, etcétera).
- Por supuesto, pasaporte y las certificaciones precisas de registros públicos.
O sea, la concesión será automática, pero lo que será laborioso será la pesquisa y obtención de justificación de los requisitos para su presentación correcta.

La buena noticia es que supondrá un impulso tremendo a la obtención de la nacionalidad española ( y repesca de casos que fueron excluidos de la original Ley de Memoria Histórica 2007) y los eventuales desarrollos reglamentarios o instrucciones no pueden recortar lo que la ley da.
La Exposición de Motivos deja clara la voluntad del legislador: “Como medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio, se dispone en la disposición adicional octava una regla para la adquisición de la nacionalidad española….»

Dado que la tramitación requiere un procedimiento administrativo, posiblemente ante el Consulado General de España en el país de residencia del extranjero interesado, desde QUESADA ABOGADOS (Extranjería y Nacionalidad) con sede en Oviedo y Murcia, estaremos alertas a las novedades para poder canalizar, si es posible, las solicitudes de los interesados que pudieran estar en esta situación, pues en este preciso momento resulta prematuro ante las inminentes instrucciones de desarrollo, que el propio Ministerio anunció el pasado viernes:


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